España puede cambiar las reglas de un sistema opaco que favorece a unos pocos y garantizar condiciones justas para todos los pescadores.
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España cuenta con la mayor flota pesquera de la Unión Europea, a la que se suman más de 200 barcos de propiedad española que operan bajo bandera extranjera.
Sin embargo, la normativa actual no exige transparencia sobre sus titulares reales (quiénes se benefician económicamente de la actividad del barco), lo que puede suponer riesgos importantes.
Sin un sistema claro que identifique quién está detrás de cada barco, los posibles responsables de la pesca ilegal se pierden en un laberinto de estructuras corporativas opacas, donde es prácticamente imposible exigir responsabilidades.
España posee la mayor flota pesquera de la UE operando en aguas internacionales, con 199 barcos.
Las empresas españolas poseen además al menos otros 228 barcos bajo pabellón extranjero. Al incluirlos, la flota española que opera en aguas internacionales asciende a 427 embarcaciones, más del doble del tamaño oficial.
Al menos 40 de estos barcos están registrados en países considerados de alto riesgo, que la UE ha señalado con “tarjeta amarilla” por actividad pesquera ilegal.
España es uno de los pocos países de la UE cuya jurisdicción permite investigar y sancionar a empresas españolas que tengan embarcaciones incluidas en las listas oficiales de pesca ilegal. Pero muchos otros barcos quedan fuera de estas listas y, por tanto, fuera del alcance de cualquier acción legal de la administración española. Esta falta de control no solo dificulta frenar la pesca ilegal, sino también los abusos ambientales y laborales que amenazan el océano y a las comunidades que dependen de él. Un juego injusto en el que todos salimos perdiendo.
Como país líder en gestión y control pesquero, España tiene la oportunidad y responsabilidad de marcar el rumbo y lanzar un mensaje claro: identificar a quienes realmente se benefician de las actividades pesqueras significa poner fin a la impunidad.
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Más claro que el agua
La opacidad favorece el abuso. Sin claridad sobre quién se beneficia realmente de las actividades de cada barco, la pesca ilegal y los abusos ambientales y laborales se perpetúan, mientras los pescadores que cumplen las normas compiten en desventaja. Hoy, las cartas están marcadas en su contra.
Ojo: No todos los barcos con bandera extranjera participan en prácticas ilegales.
Pero precisamente por eso, recolectar y publicar los datos de quienes están detrás de cada barco beneficia a todos. Aquellos que operan de manera ética y legal, también ganan en un sistema más transparente y justo.
que equilibra el tablero y garantiza una competencia limpia en el mar.
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Casos reales
Las investigaciones de Environmental Justice Foundation (EJF) y Oceana revelan la magnitud del problema en Ecuador, Panamá y especialmente en Senegal, donde los pescadores artesanales luchan por sobrevivir mientras flotas ilegales arrasan sus aguas.
En Senegal 🇸🇳
En Senegal, la sobrepesca destructiva de flotas industriales, que pertenecen en última instancia a empresas asiáticas y españolas, ha agotado los recursos locales y puesto en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.
La población local se ve forzada a migrar por rutas en las que muchos pierden la vida. Según un informe de Oceana, existen al menos 18 embarcaciones con bandera senegalesa que pertenecen a empresas españolas.
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En Ecuador 🇪🇨
Las empresas españolas poseen 5 buques con bandera de Ecuador, otro país con “tarjeta amarilla” y cuya falta de trazabilidad y debilidad en los controles dificultan la lucha contra la pesca ilegal y la gestión sostenible de las capturas.
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En Panamá 🇵🇦
La ausencia de un registro público de titulares reales ha convertido a Panamá en un pabellón muy utilizado y en un conocido paraíso fiscal, con 15 buques de propiedad española a pesar de su historial de pesca ilegal y las dos “tarjetas amarillas” impuestas por la UE.
Esto podría cambiar gracias a la nueva legislación anunciada en la Conferencia de los Océanos de la ONU, que exigirá la divulgación de la titularidad real.
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España, como potencia pesquera y país de residencia de los titulares reales de las embarcaciones, tiene una responsabilidad. Aunque no todas estas empresas están directamente implicadas en actividades ilegales, debe garantizar que actúan de forma sostenible y no contribuyen a una crisis que prospera debido a la falta de control y transparencia.
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¿Qué se puede hacer?
España está preparando una nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador en materia de Pesca Marítima, que debe incluir requisitos claros de identificación del titular real. Esto implica recopilar los datos de todos los buques de propiedad española, independientemente de la bandera bajo la que operen.
España ya ha avanzado de forma notable en la gobernanza oceánica y el control pesquero. Entre otras medidas, las autoridades exigen que los trabajadores de buques no españoles registren su actividad. Es hora de ir más allá y cerrar las brechas, incluyendo la identificación de los titulares reales de cada embarcación.
Actualmente, las embarcaciones con bandera nacional están obligadas a declarar su propietario registrado, aunque este no siempre corresponde con quien realmente se beneficia de la actividad. Extender la transparencia a los barcos con bandera extranjera permitirá a las autoridades españolas frenar los delitos transnacionales y la explotación de los océanos.
Esta reforma protege a los operadores legítimos, fortalece las flotas que cumplen con la ley y evita que los infractores se escondan detrás de empresas ficticias.
Es una medida clara y de sentido común: las autoridades deberían saber quién es el titular real de cada barco, sin tener que resolver un rompecabezas imposible. La opacidad solo alimenta la corrupción, el fraude fiscal, y la pesca ilegal.
Identificar a los titulares reales reforzaría el papel de España como referente en transparencia y protección del océano, marcando el rumbo a seguir para la Unión Europea y la comunidad internacional.
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